En España llevamos años a vueltas sobre lo que debe hacerse o no con la prostitución. La prestación de servicios sexuales a cambio de dinero se convierte cíclicamente en motivo de controversia y debate. Hay sectores de la sociedad que abogan por su regulación y, por tanto, su legalización, y sectores que defienden el impulso de medidas políticas de carácter abolicionista. Incluso hay quienes prefieren que se siga en la situación actual, es decir: que permanezca en una situación de alegalidad que no exima de la persecución y condena de los responsables de proxenetismo y trata de personas.
En los últimos tiempos ha sido el PSOE quien ha elevado el tono y ha colocado la prostitución en el centro del debate público anunciando su voluntad de impulsar la llamada ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (la popularmente conocida como "Ley del solo sí es sí") introduciendo en ella un delito que ya existió en su momento en el Código Penal: el delito de tercería locativa.
Apareciendo en múltiples manuales de Derecho y en cerca de 250 resoluciones judiciales, el concepto jurídico de tercería locativa no aparece sin embargo citado de forma expresa en ningún precepto legal. Es más: ni aparece ahora ni aparecía cuando el asunto al que se refiere era considerado delito.
¿Qué es la tercería locativa?
Se conoce con el término tercería locativa el lucro por alquilar un espacio en el que se prostituye una persona. Es decir: la habitación, local, bar o negocio en el que una trabajadora sexual contacta y/o mantiene relaciones con su cliente.
Para el PSOE, los beneficios obtenidos del alquiler de dichos espacios hace a su propietario cómplice y cooperador de lo que el partido socialista considera, sin matices, una situación de esclavitud. Para el PSOE, gobernante de la nación en coalición con Unidas Podemos, no deben establecerse diferencias entre los distintos tipos de prestación de servicios sexuales a cambio de dinero. Para los socialistas, no hay mujeres que eligen libremente comerciar con su cuerpo. No hay empoderamiento alguno en dicha actitud.
En 1949, España firmó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. En base a la firma de dicho convenio, se introdujo en el Código Penal español el concepto y delito de tercería locativa. La modificación del Código Penal en 2015 impulsada por el ministro del Partido Popular Alberto Ruiz Gallardón extrajo de aquél los espacios citados y el concepto de tercería locativa.
Al abogar por la reintroducción en el corpus legal español de esta figura jurídica, el PSOE dice avanzar en el que, según afirma, es su objetivo a medio plazo: conseguir la abolición de la prostitución. Para ello, según la postura oficial de los socialistas, es necesario no solo perseguir a las mafias y proxenetas: también hay que penalizar la demanda. Es decir: hay que multar a los consumidores, los cuales necesitarán de servicios jurídicos para la defensa legal. Con ello, y articulando medidas de acompañamiento y protección social, impulsado una ley integral contra la trata y ofreciendo alternativas vitales, laborales, habitacionales y económicas a las trabajadoras sexuales, el PSOE pretende acabar con la prostitución en nuestro país.
Oposición a la tercería locativa
El Gobierno de coalición formado entre el PSOE y Unidas Podemos bajo la presidencia del líder socialista Pedro Sánchez es un gobierno que carece de mayoría parlamentaria. Por ello debe pactar con otros partidos del arco parlamnetario la aprobación de leyes. En ese sentido, la "Ley del Sí es Sí" o Ley de Libertad Sexual no es una excepción. Para sacarla adelante, PSOE y Unidas Podemos deben pactar con otros partidos. Y es ahí, precisamente, donde el bloque gubernamental tiene serios problemas y los tiene, además, por la inclusión de la penalización de la tercería locativa en el articulado de la Ley.
Partidos como ERC, Junts per Catalunya, la CUP, el PNV, En Comú Podem o EH-Bildu se oponen a la inclusión en la Ley de Libertad Sexual de los dos artículos referidos a la tercería locativa. Siendo como debe ser la mencionada ley una ley orgánica y precisando, por tanto, de los votos afirmativos de la mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, no parece tener demasiadas posibilidades, por el momento, de salir adelante.
Para ERC, el debate sobre la prostitución debe realizarse fuera del marco de la Ley de Libertad Sexual. Solo así, sostiene el partido catalán, podrá desarrollarse dicho debate sin que se introduzcan en él elementos "distorsionadores".
Por otro lado, tanto ERC como el resto de partidos que habitualmente colaboran con el Gobierno en la aprobación parlamentaria de leyes, presupuestos, etc., sostienen que aplicar el concepto de tercería locativa y, por ello, perseguir a quienes con ánimo de lucro y de forma habitual destinen un local o un inmueble a la prostitución (en los artículos del proyecto de ley se dice "para favorecer la explotación sexual de otra persona"), no serviría sino para dejar a las trabajadoras sexuales en una situación de mayor vulnerabilidad. Sin la posibilidad de ejercer su profesión en un lugar de esos, las mujeres se verían obligadas, según sostienen los partidos contrarios a la inclusión de la tercería locativa en la ley orgánica, a acudir a lugares más peligrosos y con menor control y protección.
Hasta el momento han presentado enmiendas a la tercería locativa ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem. El PNV, por su parte, defiende que la prostitución merece un debate aparte. Su portavoz en el Congreso, Joseba Agirretxea, hizo esta pregunta al resto de diputados en sede parlamentaria: “¿No creen que la prostitución, su entorno, sus consecuencias, su reflejo social, las personas que lo ejercen, etcétera, independientemente de la opinión que se tenga, no merecen un debate, una reflexión y un aparte profundo?”. De ese debate profundo y de ese aparte, sostienen los nacionalistas vascos, debería nacer la legislación sobre prostitución española.
Por su parte, la postura de En Comú Podem, primer partido en presentar enmiendas contra los dos artículos del proyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que hacen referencia a la tercería locativa, constata algo que cualquiera que siga el debate en España sobre la conveniencia de impulsar o no políticas de abolición de la prostitución sabe: y es que el consenso al respecto no existe dentro de la izquierda. Mientras el PSOE, por ejemplo, defiende medidas abolicionistas, En Comú Podem y una parte no determinada de Unidas Podemos y de sus confluencias defienden, más que la abolición, la regulación. El futuro legislativo a este respecto, pues, está aún por determinar.
